El trabajo sexual es un tema muy polarizante y controvertido dentro del discurso feminista. Algunas feministas sostienen que el trabajo sexual debe respetarse como una opción profesional legítima y regularse en consecuencia. Con ello se pretende garantizar la seguridad de las trabajadoras sexuales. Otras, en cambio, rechazan radicalmente la prostitución, considerándola una expresión de opresión estructural y violencia de género («violación pagada»). Los términos «trabajo sexual» y «prostitución» no solo se interpretan como profesiones diferentes, sino también como puntos de vista ideológicos.
En el debate social, influyen diversos modelos de regulación del trabajo sexual, como el sueco, que penaliza la compra de servicios sexuales. Suecia introdujo este modelo en 1999 con el objetivo de ilegalizar la compra de sexo y penalizar a los clientes. Numerosos países europeos han adoptado este modelo. No existen pruebas científicas claras del éxito de este modelo. No se ha podido demostrar estadísticamente ni la disuasión de los clientes ni la reducción de la oferta.
Sin embargo, la ilegalización crea una mayor dependencia de terceros, como los caseros, ya que los pisos ya no pueden alquilarse a trabajadoras sexuales. Esto hace que el trabajo sexual se ofrezca en lugares precarios e inseguros. La prohibición también empeora la atención sanitaria y aumenta el riesgo de violencia.
Irlanda introdujo una prohibición de compra de sexo basada en el modelo nórdico en 2015, pero una evaluación realizada tres años después no mostró ninguna reducción en la oferta y la demanda de servicios sexuales. Por el contrario, los proveedores de servicios sexuales denunciaron un aumento de la discriminación y la marginación. La prohibición también dificulta las investigaciones policiales, ya que los servicios se prestan en secreto. En general, está claro que una prohibición basada en el modelo nórdico tiene más probabilidades de empujar a las trabajadoras sexuales a la ilegalidad y de dificultar su trabajo.
En el verano de 2023, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo admitió a trámite un recurso contra la prohibición de la prostitución en Francia. 261 trabajadoras sexuales habían presentado una demanda contra la prohibición basándose en el «modelo nórdico». Las demandantes, que ejercen legalmente la prostitución, argumentaban que la criminalización de los clientes empuja a las trabajadoras sexuales a la ilegalidad y al aislamiento, las expone a un mayor riesgo para su integridad física y su vida, y restringe su libertad y su poder creativo. En un comunicado, el tribunal explicó que una ley que teóricamente pretende proteger a las trabajadoras sexuales en realidad dificulta su trabajo.
Una y otra vez surge la pregunta: «¿Querrías que tu hija hiciera esto?». Esa es la pregunta equivocada. Imagínese que lo hace. ¿Estaría segura hoy en el trabajo? Lo que nunca se pregunta es: «¿Y qué deberían hacer las trabajadoras sexuales? Al fin y al cabo, son las más afectadas por estas leyes». – Juno Mac
En esta compleja situación, la cuestión de la igualdad real y la autodeterminación de las mujeres que ejercen el trabajo sexual sigue siendo central. Por lo tanto, el debate feminista no solo debe considerar los aspectos morales y éticos, sino también encontrar soluciones prácticas para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales y proteger sus derechos. Sin restringir su libertad de elección.